Los recortes a los beneficios nutricionales de Puerto Rico son un riesgo para la seguridad alimentaria y ponen al descubierto los límites de la subvención en bloque

Los beneficios básicos de los hogares participantes del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) de Puerto Rico han disminuido significativamente en los últimos tres meses luego de que se agotaran los fondos federales de emergencia. Esta merma ha dificultado aún más las posibilidades que tienen estos hogares para comprar los alimentos que necesitan en medio de la pandemia del COVID-19 y de una recuperación económica incierta. Tal como lo demostraron los recortes de beneficios anteriores, estos últimos sacan a la luz una vez más los problemas de la estructura de financiación del PAN, que se basa sobre una subvención en bloque (en inglés block grant).

En marzo, ante el desempleo que se disparaba por todo el país, incluido Puerto Rico, el Presidente y el Congreso movilizaron dos proyectos de ley abarcadores que, entre tantas partidas, dispusieron fondos de emergencia para el PAN. La Isla empleó los fondos para atender al creciente número de participantes del PAN, que subió de 1.3 millones en febrero a más de 1.5 millones en agosto, a medida que los residentes perdían sus empleos y los ingresos necesarios para comprar alimentos. Desde mayo hasta julio, la Isla también incrementó los beneficios de todos los participantes para ayudarles a mitigar la creciente adversidad; para muchos, estos aumentos significaron beneficios a la par con los niveles de beneficios habituales que ofrece el Programa de Asistencia Nutricional Suplementario (en inglés Supplemental Nutrition Assistance Program o SNAP). Cuando se acabaron los fondos, la Isla les recortó tajantemente los beneficios a todos los hogares, con una caída de cerca del 40% para el hogar promedio (de $323 en julio a $188 en octubre).

Este recorte de beneficios pone al descubierto los problemas de la estructura de financiación del PAN, compuesta de una subvención en bloque que le da a la Isla una cantidad fija de fondos federales cada año. Para no exceder los costos del programa, Puerto Rico debe establecer los beneficios y los niveles de elegibilidad a partir de los fondos asignados, en lugar de hacerlo a partir de las necesidades. En cambio, el SNAP, que se implementa en todos los demás estados y algunos territorios, establece los beneficios según el costo de los alimentos y sus fondos se expanden para proporcionarles beneficios a todos los solicitantes que cumplan con los requisitos de participación. Como los fondos del PAN son limitados, la mayoría de sus participantes reciben beneficios inferiores —a menudo mucho más inferiores— a aquellos que recibirían en el SNAP, a pesar de que los ingresos de los participantes del PAN sean muy bajos y de que haya indicios de que el costo de los alimentos en Puerto Rico es mayor que en el resto de los Estados Unidos.

Además, sin la intervención federal, el PAN no puede incrementar la participación si hay más gente que necesita ayuda para comprar alimentos –como después de un desastre natural o durante una crisis económica–, y si lo hiciera, tendría que reducir los beneficios. El SNAP, por el contrario, se expandió cerca de un 17 por ciento, es decir, seis o siete millones de personas desde febrero hasta agosto. (Los estados también han estado proporcionando a los hogares del SNAP beneficios de emergencia adicionales desde marzo hasta abril y pueden continuar haciéndolo siempre y cuando haya una emergencia sanitaria tanto estatal como federal).

Puerto Rico, que ya tenía altas tasas de pobreza y de inseguridad alimentaria, y una economía que no ha logrado recuperarse de una recesión que comenzó en 2006, se ha visto gravemente afectado por la pandemia del COVID-19. La tasa de desempleo fue de 8.4 por ciento en septiembre, un poco más alta que el 8.3 por ciento de agosto, y sería mucho mayor si los datos incluyeran a los desempleados que se clasifican como “empleados que no están trabajando”, por ejemplo, el personal de servicio suspendido. En la Isla, las cuarentenas nocturnas obligatorias todavía siguen en vigencia y numerosos negocios, como los restaurantes, tienen permitido operar solamente con el 30 por ciento de capacidad. El número de personas enfermas de COVID-19 aumentó dramáticamente una vez más en octubre y actualmente se está elevando el número de hospitalizados. En respuesta, la gobernadora anunció restricciones más severas y la ejecución de un toque de queda más estricto, los cuales probablemente suscitarían mayores perturbaciones económicas.

Si bien los recortes al PAN son preocupantes, un hecho positivo es que el acto de ley para el presupuesto que el Presidente y el Congreso decretaron en septiembre incluía a Puerto Rico en la transferencia electrónica de beneficios por la pandemia (en inglés Pandemic Electronic Benefit Transfer o P-EBT), que reemplaza las comidas escolares que los niños perdieron al comienzo de la escolaridad virtual. El Departamento de Agricultura debería trabajar rápidamente con Puerto Rico para implementar dicho acto de ley y proveerles la tan necesitada asistencia nutricional a los niños, porque bastantes continúan viviendo en la miseria a lo largo de la Isla.