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Se necesitan medidas adicionales para que la financiación de Medicaid sea estable y suficiente en Puerto Rico y en otros territorios incorporados

Ante el vencimiento el 13 de diciembre de los términos para la financiación federal de Medicaid en los territorios incorporados de Estados Unidos, el Congreso debe implementar medidas por adelantado —en la siguiente legislación económica — para evitar que los residentes de los territorios se enfrenten a recortes tajantes de elegibilidad y de beneficios.

En los territorios incorporados de Estados Unidos, la legislación sobre partidas que se promulgó recientemente incrementó la porción que el gobierno federal paga en los costos de Medicaid: en Puerto Rico pasó de un habitual 55 por ciento al 76 por ciento, mientras que para Samoa Estadounidense, las Islas Marianas, Guam y las Islas Vírgenes de Estados Unidos, pasó al 83 por ciento. Si los legisladores permiten que esa cifra regrese al 55 por ciento, los territorios tendrían que recortar las tasas de pago para proveedores, la elegibilidad y los beneficios. Hay más de 1.6 millones de beneficiarios de Medicaid en los territorios y el 90 por ciento de estos residen en Puerto Rico.

Los territorios se encuentran a menudo en precipicios de financiación para Medicaid dado que a sus residentes se les trata menos favorablemente que a los residentes de los estados. A diferencia de los estados, cuya financiación federal cubre una partida específica para el costo de Medicaid, los territorios reciben una cantidad fija de financiación federal a través de una subvención en bloque (en inglés block grant) con un tope establecido. Así, mientras que la tasa equivalente para cada estado corresponde a su ingreso per capita y puede subir hasta un 83 por ciento, la tasa habitual equivalente para los territorios se fijó al 55 por ciento, a pesar de que el ingreso per capita en los territorios esté por debajo del nivel de los estados más pobres. Esto quiere decir que los territorios incorporados de Estados Unidos tienen que pagar una porción mucho más alta por los costos de Medicaid de sus residentes que la mayoría de la que los estados tienen que pagar, pese a que estos tengan ingresos promedio más altos.

Para evitar recortes masivos en los beneficios, en las tarifas a los proveedores o en la elegibilidad, el Congreso se ha visto en la necesidad, desde el 2010, de darles a los territorios pagos de tiempo limitado como financiación suplementaria, así como incrementos en las tasas federales correspondientes debido a que la financiación para el programa es demasiado baja para mantenerlo a flote. Sin embargo, tales ajustes temporales no han sido suficientes para permitirles a los territorios proporcionar cobertura y beneficios iguales a los de los estados ni para mejorar sus programas. La financiación permanece insuficiente y deja a bastantes residentes de los territorios sin una fuente estable de atención médica.

Actualmente, las subvenciones en bloque se basan en las cantidades que el Congreso proporcionó para 2020 y 2021 (con el incremento anual del componente de atención médica del índice de precios al consumidor). Estas cantidades son significativamente mayores que las asignaciones reglamentarias anteriores. No obstante, con el tiempo, estas se quedan cortas ante las necesidades, especialmente si hay otra recesión o desastre natural, o si la pandemia continúa o si surge una nueva. Tales cantidades más altas de financiación todavía no proporcionan la financiación estable y suficiente que los territorios necesitan para mejorar sus programas y para alinearlos con aquellos de los estados.

Incluso si las subvenciones en bloque bastan para las necesidades a corto plazo, instaurar de nuevo en diciembre la tasa del 55 por ciento significaría que los territorios no serían capaces de proporcionar las contribuciones correspondientes necesarias para obtener todos los fondos federales debido a su propio déficit presupuestal. Ya ha ocurrido antes.

Un primer paso importante para abordar estos problemas sería que el Congreso aumentara permanentemente las asignaciones a los territorios a un nivel acorde con sus necesidades y que aumentara sus tasas federales correspondientes para que estén a la par con las de los estados. Esto reduciría la necesidad de acudir a medidas temporales, le daría estabilidad a Medicaid en los territorios y fortalecería los sistemas de atención médica debilitados durante la pandemia. Además, allanaría el camino para la mejor solución a largo plazo: paridad total de financiación con los estados.

Por último, crear paridad total de financiación — es decir, eliminar la estructura de subvenciones en bloque y proporcionar financiación federal abierta como la que reciben los estados — es necesario para ayudarles a los territorios proporcionar atención médica de alta calidad a sus residentes, para que mejoren proyecciones durante recesiones económicas, para que se recuperen de desastres naturales y para que puedan responder a otras emergencias.