Los esfuerzos para revocar la regulación de carga pública de la administración de Biden ponen en peligro a niños y a familias que viven en los Estados Unidos

En septiembre de 2022, la administración de Biden expidió una regulación final que define quiénes son y quiénes no son considerados como una “carga pública” en ciertos procedimientos migratorios.

A través del proceso amparado en la Ley de Revisión Parlamentaria, desde el Congreso hay quienes buscan anular la regulación de la administración de Biden para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). A pesar de las declaraciones engañosas por parte de quienes se oponen a la regulación, esta no le otorga ningún beneficio público ni tampoco crea o cambia las regulaciones de elegibilidad de los beneficios públicos para las personas que entran a los Estados Unidos por la frontera del sur.

No obstante, tales mensajes fueron parte de una estrategia retórica más amplia que perseguía revocar la regulación por medio de una resolución del Senado y, dado que la Cámara votará próximamente sobre dicha resolución, es importante aclarar las cosas:

• La carga pública es parte del proceso de solicitud de visa o de residencia legal permanente al que se presentan las personas, bien sea en los consulados del exterior o dentro de los Estados Unidos. Esta no se emplea para establecer la elegibilidad a los programas de beneficios del gobierno. La “carga pública” se creó en la legislatura federal hace más de 100 años y tiene el objetivo de determinar si hay probabilidades de que las personas que intentan obtener un estatus migratorio pasen a depender del gobierno. Durante décadas, esto se definía en las directrices subreglamentarias como una persona con probabilidades de “pasar a depender principalmente del gobierno para subsistir, según lo demostraran (i) el cobro de ayudas públicas en efectivo como fuente principal de ingresos o (ii) el estar internado en una institución de cuidados a largo plazo a expensas del gobierno”.
• Otras leyes federales antiguas prohíben que las personas sin un estatus migratorio documentado accedan a los programas federales de beneficios públicos que funcionan con el requisito de comprobación de recursos de los solicitantes. Estas leyes también prohíben que muchas personas con un estatus migratorio legal accedan a beneficios durante los primeros cinco años de residencia en los Estados Unidos. La regulación de la administración de Biden sobre la carga pública no hace nada para cambiar esos impedimentos de elegibilidad.
• La regulación sobre la carga pública de la administración de Biden codifica ampliamente la política subreglamentaria que implementaron los gobiernos democrático y republicano antes de que la administración de Trump creara una regulación que redefinía radicalmente la carga pública y de que creara eficazmente una evaluación de riqueza que le habría impedido a muchas personas sin recursos sustanciales pasar la evaluación de carga pública. 
• La política de carga pública de la administración de Trump era poco clara y creó miedo y confusión haciendo que muchas personas renunciaran a los beneficios públicos para los que eran elegibles. Debido a la confusión, grupos de personas como aquellos con estatus de refugiados o de niños nacidos en los Estados Unidos, a quienes nunca se le exigiría la evaluación de carga pública, se quedaron sin beneficios significativos, como los de asistencia alimentaria o los de cobertura de salud. Todo esto fue debido al temor de que, si recibían la asistencia para la que eran elegibles o la que necesitaran, se les negaría el estatus de residencia legal permanente a ellos o a alguno de sus familiares. 
• Varios tribunales anularon la regulación de la administración de Trump y la administración de Biden la retiró del registro federal en marzo de 2021.
• La regulación de carga pública de la administración de Biden, sometida en este momento al proceso amparado en la Ley de Revisión Parlamentaria, representa un paso importante para abordar el miedo y la incertidumbre que creó la regulación de la administración de Trump. Además de consolidar las políticas que han estado vigentes durante décadas, la normativa aclara las políticas que le ayudan a los agentes de inmigración a aplicar reglas más consistentes y contribuye a resolver la incertidumbre de los solicitantes de visas y de permisos de residencia permanente. La administración de Biden también indicó que el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado emitirán regulaciones en consonancia con la regulación del Departamento de Seguridad Nacional que de manera similar aclararía el proceso para todos.
• Ponerle fin a la regulación de carga pública de la administración de Biden generaría confusión y reavivaría el miedo entre las personas que son inmigrantes y sus familias, y haría que las personas a renunciaran a la ayuda que necesitan y a la que tienen derecho. También dificultaría bastante que haya futuras medidas reglamentarias al respecto.

Aunque el presidente Biden haya señalado que él le pondría un veto a la resolución, el solo intento de revocar la regulación de carga pública de la administración de Biden podría avivar el temor y la incertidumbre, y hacer que las personas renuncien a los beneficios públicos. Muchas de las personas con temores relacionados a la carga pública tienen la esperanza de que ellos o sus familiares, con el tiempo, podrían tener la oportunidad de cambiar su estatus temporal, como por ejemplo el otorgado a través de una visa estudiantil, y de tener un estatus de residencia legal permanente (en inglés green card). También pueden tener la esperanza de que algún día, después de varios largos periodos de espera, sus familiares del exterior puedan emigrar legalmente a los Estados Unidos.

La capacidad de las familias para permanecer juntas, reunirse con si sus seres queridos y hacer de los Estados Unidos su hogar depende a menudo de un complejo conjunto de normas y requisitos, entre los que se cuentan la carga pública. Si el Congreso le deja ver a las familias que las regulaciones de la carga pública fluctúan en función de la política, las personas tendrán temor. Cuando se enfrenten a momentos difíciles, se rehusarán a obtener los beneficios a los que tienen derecho por temor de que un nuevo Congreso o un nuevo presidente cambie nuevamente las regulaciones y perjudique profundamente a sus familias.