Pasar al contenido principal
This content is available in English.

Con una recesión duradera, Puerto Rico necesita más que las ayudas por COVID-19 para superar sus crisis

| Por

Estados, localidades, territorios y tribus reciben asistencia a través de diferentes disposiciones legislativas diseñadas para abordar la emergencia de salud por COVID-19 y sus repercusiones económicas. Sin embargo, los montos proporcionados son insuficientes dadas la magnitud de los desafíos y la fuerte caída de los ingresos gubernamentales.[1] Pero ningún lugar tiene mayores necesidades que las de Puerto Rico. A diferencia de otras regiones del país, el territorio tuvo que enfrentar la pandemia tras más de una década de deterioro económico ininterrumpido, acompañado de desastres naturales devastadores y un proceso continuo de bancarrota sin precedentes. Puerto Rico necesitará herramientas tanto de corto como de largo plazo para combatir los efectos económicos y de salud de la pandemia y para fomentar el retorno del crecimiento y de las oportunidades económicas.

Entre los mayores desafíos económicos de Puerto Rico se encuentran un alto grado de pobreza crónica, especialmente en los niños, y la baja participación en la fuerza laboral. Sin embargo, los residentes de Puerto Rico no tienen acceso a la misma asistencia que está disponible para las personas que enfrentan los mismos desafíos en la parte continental de los Estados Unidos. En Puerto Rico, la financiación federal para los programas que equivalen al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (en inglés Supplemental Nutrition Assistance Program o SNAP), a Medicaid y al Programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (en inglés Supplemental Security Income o SSI) tiene límites insuficientes que están muy por debajo de los niveles que recibe la parte continental del país. Aunque Puerto Rico haya incorporado su propio crédito tributario por ingreso del trabajo (en inglés Earned Income Tax Credit o EITC), este proporciona apenas una fracción de lo que proporciona el EITC federal, al que los residentes de Puerto Rico no tienen acceso. Además, a pesar de que el crédito tributario por hijos sí está disponible en Puerto Rico, este solo es para hogares con tres o más niños.

Al considerar los pasos complementarios para abordar la pandemia y sus repercusiones económicas a nivel nacional, los legisladores deben tener en cuenta las circunstancias únicas de la isla. Puerto Rico no solo necesitará, en varias áreas, asistencia completamente equivalente a la que se proporciona en los estados. También necesitará disposiciones legales especiales que reconozcan que los programas sociales de la isla a menudo tienen reglas diferentes y diseños considerablemente menos generosos que aquellos de los estados. Adicionalmente, Puerto Rico entró a esta crisis en una posición mucho más débil que la del resto del país.

Como se explica a continuación, el Congreso debería proporcionarle a Puerto Rico un alivio fiscal sólido, impulsar la financiación federal de Medicaid y la financiación de la subvención en bloque (en inglés block grant) para asistencia nutricional, y abordar una restricción perjudicial en la Ley de Familias Primero en Respuesta al Coronavirus (en inglés Families First Coronavirus Response Act) que dejó a los niños en Puerto Rico, de edad escolar y de bajos ingresos, por fuera de la asistencia de reemplazo de comidas que los estados pueden proporcionar en las áreas donde haya cierre de escuelas. El Congreso también debería proporcionarle a Puerto Rico un suplemento federal para su modesto EITC y permitirles a las familias con uno o más niños tener acceso al crédito tributario por hijos.

Puerto Rico ingresó a la pandemia en desventaja

Si bien, la recuperación económica de los Estados Unidos continentales después de la Gran Recesión fue inicialmente lenta, esta se convirtió eventualmente en la expansión económica más larga registrada hasta el momento.[2] Al contrario, Puerto Rico nunca se recuperó de una recesión que comenzó en 2006 y que dejó a la isla en un camino de déficits presupuestales cada vez más graves, subinversión en áreas críticas y con medidas de austeridad sin éxito en gran parte.[3]

Una larga lista de golpes exacerbó aún más los tremendos desafíos de la isla: la bancarrota histórica, dos huracanes devastadores, largas esperas de ayuda federal para reconstruir, el derrocamiento de un gobernador y, apenas en enero, una serie de poderosos terremotos. En la última década, se han mudado de la isla, en busca de mejores oportunidades, más de 500,000 residentes; esto sería equivalente a la pérdida de la población total de Atlanta o Miami.

Con un 43 por ciento de sus residentes[4] y un 57 por ciento de su población infantil[5] viviendo en condiciones de pobreza en 2018, antes de que lo azotaran las actuales crisis económicas y de salud pública, ahora Puerto Rico debe lidiar con la pandemia — y hacerlo sin tener el mismo acceso a los programas en contra de la pobreza que están disponibles para el resto del país.

Por ejemplo, el gobierno federal le proporciona a Puerto Rico sumas fijas de dinero, que no suben automáticamente cuando el nivel de necesidad aumenta, para financiar programas esenciales tales como Medicaid, el programa equivalente al SNAP (conocido en Puerto Rico como el Programa de Asistencia Nutricional o PAN) y el Programa Seguridad de Ingreso Suplementario (conocido en Puerto Rico Programa para Adultos Mayores, Personas Ciegas o con Discapacidad o AABD). En Puerto Rico, la financiación federal para estos programas tiene un límite que está muy por debajo de lo que se necesita para atender a los hogares más vulnerables de la isla incluso en circunstancias habituales y mucho menos durante una crisis, cuando las necesidades suben drásticamente.[6] En contraste, el gobierno federal les da a los estados una financiación básicamente sin fin a dichos programas, de manera que más personas pueden ser atendidas si la necesidad aumenta.

Asimismo, los residentes de Puerto Rico no tienen el mismo acceso al EITC ni al crédito tributario por hijos como sí lo tienen los residentes de los estados y del Distrito de Columbia. El EITC federal no está disponible para las personas que viven en Puerto Rico, mientras que el crédito tributario por hijos solo está disponible para las familias con tres o más niños. Sin embargo, el EITC y el crédito tributario por hijos están entre los programas en contra de la pobreza más efectivos del país y ayudan a millones de empleados con ingresos bajos y a sus familias a salir de la pobreza o a estar por encima del umbral de la pobreza.[7] En 2019, Puerto Rico lanzó su propio EITC financiado a nivel local y que ha sido de ayuda. Pero Puerto Rico carece de los recursos para hacer que su EITC sea más adecuado,[8] de manera que, dentro de lo moderado de sus recursos, les proporciona a las familias trabajadoras de bajos ingresos apenas una fracción de lo que el EITC federal proporciona en el continente.

Medidas de ayuda existentes

Hasta la fecha se han proclamado dos leyes principales en respuesta a los efectos económicos y de salud por la pandemia del COVID-19, con disposiciones legales que ayudarán a Puerto Rico: la Ley de Familias Primero en Respuesta al Coronavirus y la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por Coronavirus (en inglés Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act o CARES).[9] Estas medidas, que se describirán a continuación, son las más relevantes y esenciales para Puerto Rico. Pero, como se explica en la siguiente sección del informe, estas disposiciones legales no alcanzan para lo que se necesita en la isla.

Las medidas proclamadas hasta la fecha que tienen mayor significado para Puerto Rico incluyen:

  • Los pagos directos (reembolsos de recuperación, en inglés recovery rebates) para familias de ingresos y medios. Debido a que Puerto Rico tiene su propio sistema tributario[10], — el Departamento de Hacienda de Puerto Rico, y no el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos — distribuirá los pagos amparados en el plan que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos aprobó el 1.° de mayo.[11] (Puerto Rico empleará el mismo criterio de elegibilidad que el gobierno federal con pagos de $1,200 para la mayoría de los adultos y de $500 para menores de 17 años. Estos pagos se eliminarán gradualmente en hogares de mayores ingresos.[12])

    Sin embargo, el secretario del Departamento Hacienda ha declarado públicamente que la agencia todavía está en conversaciones con el gobierno federal sobre ciertos aspectos aprobados del plan. Asimismo, el comisionado de residente de la isla le ha recurrido al gobierno federal para que realice los pagos directamente a los beneficiaros del Seguro Social que viven en Puerto Rico.[13] El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y Puerto Rico deben poner en marcha los procedimientos que maximicen los pagos automáticos a los residentes de la isla. Al pedirle a los habitantes que presenten una petición de reembolso, se corre el riesgo de que quienes lo necesitan más no puedan obtenerlo. Muchas personas que no presentan peticiones o solicitudes en Puerto Rico tienen muy bajos ingresos y muy poco o ningún acceso a internet (o a ninguna ayuda para completar un formulario por más simple que sea, como el que supuestamente el Departamento de Hacienda está diseñando). Para poder llegar al máximo posible de la población, el gobierno federal debería desembolsar los pagos directa y automáticamente (por ejemplo, sin el requisito de presentar una petición o declaración de impuestos) a los residentes de Puerto Rico que son beneficiarios del Seguro Social o de pagos para algunos veteranos. El gobierno de Puerto Rico debería poder llegar a muchas otras personas a través de plataformas como las de su Programa de Asistencia Nutricional, que atiende a dos quintos de la población de la isla.[14] Desde luego, de quienes no presenten peticiones o solicitudes, no todos podrán recibir los pagos automáticos. Así que el Departamento de Hacienda debería esforzarse en hacer divulgaciones públicas más eficaces para asegurar que los hogares de ingresos bajos reciban tales fondos de manera oportuna.

  • Una expansión considerable en beneficios por desempleo. En Puerto Rico, los trabajadores sin empleo están entre aquellos que se benefician de las expansiones temporales que el Congreso ha promulgado con respecto a la elegibilidad para los beneficios por desempleo, a los niveles de beneficios y al número de semanas para tales beneficios que un trabajador sin empleo puede recibir. Entre el 14 de marzo y el 18 de abril, más de 200,000 residentes de Puerto Rico presentaron solicitudes iniciales por desempleo.[15] Esto es casi el 20 por ciento de la fuerza laboral civil de la isla.[16] Puerto Rico participa en el programa de Seguro por Desempleo al igual que los estados.[17]
  • Financiación proveniente del Fondo de Alivio por Coronavirus.[18] Como resultado de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por Coronavirus, este fondo proporciona $150 mil millones a los gobiernos estatales, tribales, territoriales y locales para que cubran los costos relacionados con el virus hasta el final de 2020.[19] Estos fondos no pueden usarse para cubrir déficits de ingresos.[20] Unos $2.2 mil millones de los $150 mil millones están destinados a Puerto Rico.
  • Un aumento temporal a las tasas de financiación y de pareo federal para Medicaid. La Ley de Familias Primero en Respuesta al Coronavirus fortaleció temporalmente con 6.2 por ciento la porción de los costos de Medicaid estatales que el gobierno federal asume (que se conoce como el porcentaje de asistencia médica federal o FMAP) para la duración de la emergencia de salud pública. Esto representa para Puerto Rico un aumento de casi $183 millones en financiación federal para Medicaid. (La legislación también incluye una provisión de esfuerzo de mantenimiento para asegurar que los estados y los territorios no puedan recortar sus programas de Medicaid durante la emergencia de salud pública).
  • Aproximadamente $295 millones para suplementar el PAN. Esta cantidad refleja la porción estimada para Puerto Rico de los $300 millones combinados aprobados como parte de la Ley de Familias Primero y de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica para los territorios estadounidenses que no participan en el SNAP (Puerto Rico, Samoa Americana y la Mancomunidad de las Islas Marianas del Norte). Esto le ayudará a Puerto Rico a cubrir parcialmente las crecientes necesidades de asistencia nutricional debido a la pérdida de empleos y de ingresos derivadas de la desaceleración económica. Estos costos los asume el gobierno federal automáticamente a través del SNAP en los 50 estados, el Distrito de Columbia, las Islas Vírgenes y Guam.
  • Casi $600 millones del Fondo de Estabilización Educativa.[21] Este fondo le proporciona a los estados y a los territorios un total de $30.75 mil millones para financiar los sistemas de educación primaria, media, preparatoria y superior en los próximos meses; aproximadamente $615 millones están destinados a Puerto Rico.

Hacen falta medidas adicionales

Las medidas de salud pública que se están tomando en respuesta a la pandemia de COVID-19 han provocado una aguda contracción en la actividad económica y un notable aumento de desempleo con un alcance y una duración que todavía quedan por verse. Al igual que el resto del país,[22] Puerto Rico se enfrenta a presiones económicas crecientes que le han obligado a poner en marcha un plan de $787 millones para mitigar las repercusiones médicas y económicas de la pandemia.[23] La Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto instaurada por el gobierno federal ha apartado $160 millones adicionales en un fondo de emergencia y ha paralizado todos los procedimientos de reestructuración de deuda del gobierno de la isla hasta nuevo aviso.[24] Estas medidas se tomaron entre mediados y finales de marzo, cuando Puerto Rico estaba todavía contemplando levantar la estricta cuarentena y los protocolos de autoaislamiento el 12 de abril. Tales protocolos ahora se ampliaron hasta mayo y podrían ampliarse nuevamente.

Los legisladores federales deberían considerar fuertes medidas que tengan en cuenta las circunstancias particulares de la isla al establecer normas adicionales para abordar la emergencia de salud y sus efectos colaterales en toda la nación. Puerto Rico necesitará más que trato igualitario en disposiciones legales selectas — necesitará medidas especiales que reconozcan que sus programas tienen a menudo diferentes reglas y diseños considerablemente menos adecuados que los de los estados. Además, la isla está enfrentándose a esta crisis en una situación de desventaja con respecto al resto del país.

Las políticas para Puerto Rico deberían incluir lo siguiente:[25]

  • Un incremento ampliado y mejorado en fondos federales de Medicaid.[26] Los legisladores deberían tanto mejorar como ampliar el aumento de la porción federal proporcionada a nivel nacional bajo la Ley de Familias Primero para los costos estatales de Medicaid. Asimismo, deberían asignarla de una manera que le permita a Puerto Rico aprovecharla en su totalidad, junto con los estados. La mejor manera de asegurar que Puerto Rico pueda obtener el máximo beneficio de estos fondos federales adicionales, dada la incertidumbre del costo total de Medicaid en el futuro, es que esos fondos no se cuenten dentro del límite de Medicaid asignado a la isla. Esta era la ruta que se sigue en la legislación que introdujo la presidenta del comité de asignaciones presupuestarias federales de la Cámara, Nita Lowey, en marzo con el apoyo de la vocera de la Cámara, Nancy Pelosi (H.R. 6379). Es crucial tomar medidas al respecto: incluso, en las mejores épocas, el programa de Medicaid de Puerto Rico es muy pequeño y subfinanciado para cubrir las necesidades de atención médica de su población.[27] Ahora la isla se enfrenta a una pandemia mientras intenta recuperarse de la devastación de los huracanes de 2017 y de los recientes terremotos.
  • Alivio fiscal. Los estados, las localidades y los territorios han tomado medidas necesarias para contener el virus del COVID-19. Estas medidas han hecho que varias empresas cierren y despidan millones de empleados. La pérdida resultante de ventas y de recaudación de impuestos por ingresos, combinada con una demanda creciente de varios programas estatales está generando crisis fiscales estatales a lo largo del país. La asistencia federal destinada a los estados y las localidades hasta la fecha, aunque es útil, no alcanza para lo que se necesita y este es particularmente el caso de Puerto Rico.[28] Como otras jurisdicciones, Puerto Rico incurre en nuevos y elevados costos a medida que trata de contener y hacerle frente a la pandemia al mismo tiempo que se intensifica el desempleo. Además, está afrontando enormes déficits presupuestales ya que los ingresos gubernamentales se reducen rápidamente debido a la desaceleración económica. Hace falta más alivio fiscal para asistir tanto a los estados como a Puerto Rico y evitar que tengan recortes profundos y despidos en el sector público que intensificarían y prolongarían la recesión.
  • Ampliación de los beneficios de reemplazo de comidas escolares de la Ley de Familias Primero. Aunque Puerto Rico tiene programas con asistencia federal para desayunos y almuerzos escolares, la Ley de Familias Primero falló al incluir a Puerto Rico en una importante disposición legal. La Transferencia Electrónica de Beneficios por Pandemia (P-EBT) es una disposición que les permite a los estados la expedición de beneficios a través de tarjetas de transferencia electrónica para las familias con niños en edad escolar y sin acceso a las comidas escolares gratuitas o de bajo costo debido a los cierres escolares. La exclusión de Puerto Rico dejó a unos 300,000 niños de las escuelas públicas de Puerto Rico (con comidas gratuitas para todos) sin los beneficios disponibles que sí hubo en otras partes del país para reemplazar el valor perdido de las comidas escolares.[29] Los niños de familias con bajos ingresos en Puerto Rico podrían tener acceso a los reemplazos por el valor perdido de la asistencia de comidas escolares si el gobierno federal habilitara para la isla los beneficios de la P-EBT. Puerto Rico sí recibió aproximadamente $295 millones de financiación suplementaria para el Programa de Asistencia Nutricional (PAN) para manejar la pandemia. Pero esa cantidad apenas basta para cubrir el incremento de los costos derivados tanto por la pérdida de empleo (y el consiguiente aumento de personas elegibles para asistencia) como por la disminución de ingresos (y el consiguiente aumento de personas elegibles para beneficios más altos). Sin el acceso a la P-EBT, Puerto Rico deberá elegir entre financiar el reemplazo de los beneficios de las comidas escolares o proporcionar asistencia adicional básica a los hogares de los trabajadores que han perdido sus empleos o de los adultos mayores o de otras personas que tienen dificultades para adquirir alimentos. Ninguno de los estados o territorios que participa en el SNAP debe enfrentarse a esta decisión. La gobernadora de Puerto Rico, la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico, las organizaciones de beneficencia y las organizaciones sin ánimo de lucro de la isla le han pedido al Congreso que incluya a Puerto Rico en este importante programa.[30]

  • Aumentos más amplios para el PAN. Los $295 millones para el PAN que Puerto Rico obtuvo a través de las leyes por la pandemia promulgadas hasta la fecha son sustancialmente inferiores a los beneficios adicionales del SNAP que se proporcionan en los estados.[31] Hace falta más financiación en Puerto Rico para ayudarle a las familias a adquirir alimentos e impulsar el gasto de los consumidores cuando la economía sigue frágil.[32] Los legisladores deben implementar un nuevo incremento a los beneficios temporales del SNAP a nivel nacional y, como mínimo, darle el mismo porcentaje de aumento a la financiación del PAN tal como se le aplica a los beneficios del SNAP. Esto es especialmente cierto si se considera que los fondos del PAN tienen que cubrir, dentro de los límites de su subvención en bloque, tanto el costo por la creciente participación a causa de la recesión económica junto al costo por aportar niveles de beneficios más adecuados. (Por el contrario, en el SNAP, el gobierno federal asume automáticamente el costo por el incremento de participantes).

    Finalmente, Puerto Rico necesitará financiación adicional para brindar adecuadamente asistencia nutricional dadas las duraderas insuficiencias del PAN. La subvención en bloque del PAN es deficiente para cubrir las necesidades de las familias más vulnerables de Puerto Rico incluso en épocas económicas mejores.[33] Los estudios indican que hasta un tercio de los adultos de Puerto Rico ya tenían dificultades para adquirir alimentos adecuados antes de la pandemia.[34] Además, al contrario de lo que ocurre con el SNAP, el PAN no se extiende automáticamente para cubrir la creciente necesidad cuando la economía desfallece.

  • La ampliación del EITC y la extensión del crédito tributario por hijos a familias más pequeñas, tal como se contempla en la Ley de Movilidad Económica (H.R. 3300) aprobada por el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara en 2019. Como se mencionó anteriormente, los residentes de Puerto Rico no son elegibles para el EITC federal. La propuesta de la Cámara suplementaría el modesto EITC local de Puerto Rico con fondos de pareo federales y lo haría más substancial. También aumentaría el crédito tributario por hijos, expandiéndolo para más familias en Puerto Rico con uno o dos niños, y haciendo que el crédito esté disponible para niños en familias con ingresos más bajos tanto en el continente como en Puerto Rico.[35] Con estos cambios, los créditos serían herramientas sólidas para asistir a las familias trabajadoras de ingresos bajos y moderados, y a sus hijos durante la prolongación de las consecuencias económicas de la pandemia. Los cambios también ayudarían a reducir las altas tasas de pobreza y la baja participación de la fuerza laboral en la isla.[36]
  • Un fondo de asistencia en efectivo por emergencias. Durante la Gran Recesión, el gobierno federal estableció un Fondo de Emergencia a través del programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (en inglés Temporary Assistance for Needy Families o TANF)[37] que les otorgó fondos a los estados para ayudar a las familias sin recursos a enfrentar crisis y, posteriormente, volver a trabajar. Un nuevo fondo de este tipo podría proporcionar los fondos que tanto se necesitan, en los estados y en lugares como Puerto Rico, para evitar el aumento de personas sin hogar y de otras crisis actuales, y para establecer programas subsidiados de empleos una vez que merme la crisis de salud.[38]

Las propuestas planteadas aquí no son una lista exhaustiva para ayudarle a Puerto Rico a sobrellevar las consecuencias económicas y de salud de la pandemia. Por ejemplo, asistencia adicional para las microempresas también beneficiaría a la isla. No obstante, las medidas indicadas aquí llevarían a Puerto Rico a estar incluido dentro de la red de seguridad de la nación y podrían jugar un papel importante para ayudarle a la isla tanto a superar la pandemia como a recuperarse de una recesión que comenzó hace casi 15 años y que muy probablemente se agudizará en los meses que vienen. (Otra medida a largo plazo y de gran utilidad sería extender los beneficios completos del programa de Seguridad de Ingreso Suplementario a los residentes de la isla, quienes ahora solo tienen acceso a un programa truncado de Asistencia para Adultos Mayores, Personas Ciegas y con Discapacidad (en inglés Aid for the Aged, Blind, and Disabled program o AABD). El mes pasado, un tribunal de apelación estuvo de acuerdo con un tribunal federal de distrito en la sentencia de que la exclusión de los residentes de Puerto Rico del SSI es inconstitucional.[39] Si Puerto Rico hubiera sido elegible para el SSI en 2011, los residentes empobrecidos de Puerto Rico que son adultos mayores o tienen discapacidades graves habrían podido recibir hasta $1.8 mil millones en pagos de beneficios federales, como lo reveló la Oficina de Responsabilidad del Gobierno[40], en comparación a los $24 millones que el gobierno federal aportó como porción de los costos de AABD.[41]

La falta de acceso de Puerto Rico a la red de programas de seguridad de la nación constituye el costo alternativo que se visibiliza en épocas de grandes crisis como la presente. Los legisladores deberían darle a Puerto Rico las herramientas para combatir las amenazas que generó la pandemia y la intensa recesión que la acompaña, teniendo en cuenta la larga lista de golpes que pesan demasiado sobre la isla y sus habitantes.

Temas:
PDF de este informe (10 pp.)

Más sobre este tema

End Notes

[1] CBPP, “States Start Grappling With Hit to Tax Collections”, actualizado el 4 de mayo de 2020, https://www.cbpp.org/research/state-budget-and-tax/states-start-grappling-with-hit-to-tax-collections.

[2] CBPP, “Chart Book: Tracking the Post-Great Recession Economy”, 14 de abril de 2020, https://www.cbpp.org/research/economy/chart-book-tracking-the-post-great-recession-economy.

[3] José Antonio Ocampo, Deepak Lamba-Nieves y Sergio M. Marxuach, “Devising a Growth Strategy for Puerto Rico”, Center for a New Economy, junio de 2016, https://grupocne.org/wp-content/uploads/2016/06/2016_18_DevisingAGrowthStrategyForPR-1.pdf.

[4]Datos breves del censo: Puerto Rico, https://www.census.gov/quickfacts/PR.

[5] Annie E. Casey Foundation Kids Count Data Center, “Children in poverty (100 percent poverty) in Puerto Rico”, https://datacenter.kidscount.org/data/tables/43-children-in-poverty-100-percent-poverty?loc=53&loct=4#detailed/4/any/false/37,871,870,573,869,36,868,867,133,38/any/321,322.

[6] Cara Brumfield et al., “Structurally Unsound: The Impact of Using Block Grants to Fund Economic Security Programs”, Georgetown Center on Poverty and Inequality, febrero de 2019, http://www.georgetownpoverty.org/wp-content/uploads/2019/02/Georgetown-Block-Grant-Report-02272019.pdf.

[7] Samantha Washington, “Child Tax Credit and Earned Income Tax Credit Lifted 10.6 Million People out of Poverty in 2018”, CBPP, 31 de octubre de 2019, https://www.cbpp.org/blog/child-tax-credit-and-earned-income-tax-credit-lifted-106-million-people-out-of-poverty-in-2018.

[8] Javier Balmaceda, “Puerto Rico on Verge of Implementing an EITC”, CBPP, 10 de diciembre de 2018, https://www.cbpp.org/blog/puerto-rico-on-verge-of-implementing-an-eitc.

[9] Rosanna Torres, “Third Economic Stimulus Package in Response to COVID-19: Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (CARES) Act”, Center for a New Economy, 27 de marzo de 2020, https://grupocne.org/2020/03/27/third-economic-stimulus-package-in-response-to-covid-19-coronavirus-aid-relief-and-economic-security-cares-act/.

[10] Puerto Rico es una posesión que no refleja el código tributario. La cantidad disponible que el Departamento de Hacienda tiene para distribuir será igual a los beneficios totales que se les hubiera dado a los residentes de Puerto Rico si un sistema tributario que reflejara el de los Estados Unidos y hubiera estado vigente, tal como lo estimó el Departamento del Tesoro. Puerto Rico siguió un proceso similar para distribuir los pagos por reembolso en conformidad con la Ley de Movilidad Económica de 2008. Consulte “Commonwealth of Puerto Rico Plan for Distribution of Recovery Rebates Enacted by Pub. L. 110-185”, 8 de abril de 2008, https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Documents/pr_stimulus_final_rebateplan.pdf.

[11] Consulte el comunicado de prensa del Departamento de Hacienda de Puerto Rico, 1.° de mayo de 2020, http://www.hacienda.gobierno.pr/sobre-hacienda/sala-de-prensa-virtual/comunicados-de-prensa/gobernadora-vazquez-garced-anuncia-aprobacion-del-plan-de-distribucion-del-pago-de-impacto-economico-de-1200.

[12] Gloria Ruiz Kuilan, “Hacienda espera por el Tesoro federal para desembolsar los $1,200”, El Nuevo Día, 20 de abril de 2020, https://www.elnuevodia.com/negocios/economia/nota/haciendaesperaporeltesorofederalparadesembolsarlos1200-2562614/.

[13] Vea la videoconferencia entre la comisionada residente, Jenniffer González, y el secretario de Hacienda, Francisco Parés, ¿Tienes dudas sobre cómo van a distribuir los $1,200?”, El Nuevo Día, 1.° de mayo de 2020, https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/tienesdudassobrecomovanadistribuirlos1200-2565626/.

[14] CBPP, “A Brief Overview of the Nutrition Assistance Program”, 31 de enero de 2020, https://www.cbpp.org/research/food-assistance/a-brief-overview-of-the-nutrition-assistance-program.

[15] Datos de la Reserva Económica Federal: Initial Claims in Puerto Rico, actualizado el 30 de abril de 2020, https://fred.stlouisfed.org/series/PRIICLAIMS.

[16] Consulte “Economy at a Glance: Puerto Rico”, febrero de 2020, Oficina de Estadísticas Laborales, Departamento del Trabajo de los Estados Unidos, https://www.bls.gov/eag/eag.pr.htm.

[17] CBPP, “Policy Basics: How Many Weeks of Unemployment Compensation Are Available?”, 28 de abril de 2020, https://www.cbpp.org/research/economy/policy-basics-how-many-weeks-of-unemployment-compensation-are-available#ui-map.

[18] CBPP, “How Much Each State Will Receive From the Coronavirus Relief Fund in the CARES Act”, 26 de marzo de 2020, https://www.cbpp.org/research/how-much-each-state-will-receive-from-the-coronavirus-relief-fund-in-the-cares-act.

[19] CBPP, “How Will States and Localities Divide the Fiscal Relief in the Coronavirus Relief Fund?”, 27 de marzo de 2020, https://www.cbpp.org/research/state-budget-and-tax/how-will-states-and-localities-divide-the-fiscal-relief-in-the.

[20] Consulte “Coronavirus Relief Fund: Frequently Asked Questions” del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, actualizado el 4 de mayo de 2020, https://home.treasury.gov/system/files/136/Coronavirus-Relief-Fund-Frequently-Asked-Questions.pdf y “Coronavirus Relief Fund: Guidance for State, Territorial, Local, and Tribal Governments”, 22 de abril de 2020, https://home.treasury.gov/system/files/136/Coronavirus-Relief-Fund-Guidance-for-State-Territorial-Local-and-Tribal-Governments.pdf.

[21] CBPP, “How Much Will States Receive Through the Education Stabilization Fund in the CARES Act?”, 3 de abril de 2020, https://www.cbpp.org/research/state-budget-and-tax/how-much-will-states-receive-through-the-education-stabilization-fund.

[22] Michael Leachman, “New CBO Projections Suggest Even Bigger State Shortfalls”, CBPP, 19 de abril de 2020, https://www.cbpp.org/blog/new-cbo-projections-suggest-even-bigger-state-shortfalls.

[23] Consulte la carta de la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico, 25 de marzo de 2020, https://drive.google.com/file/d/10zjxeNa-5a-3UCIQN8N8ZU1K2_dYRjc3/view.

[24] Consulte el comunicado de prensa de la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico, 21 de marzo de 2020, https://drive.google.com/file/d/1hA99AnTpmuhcAMTIScKL-06j8YXknZG2/view.

[25] Para una discusión sobre normas fiscales efectivas ante recesiones, consulte Chad Stone, “Fiscal Stimulus Needed to Fight Recessions: Lessons From the Great Recession”, CBPP, 16 de abril de 2020, https://www.cbpp.org/research/economy/fiscal-stimulus-needed-to-fight-recessions.

[26] Aviva Aron-Dine et al., “Larger, Longer-Lasting Increases in Federal Medicaid Funding Needed to Protect Coverage”, CBPP, 5 de mayo de 2020, https://www.cbpp.org/research/health/larger-longer-lasting-increases-in-federal-medicaid-funding-needed-to-protect.

[27] Judith Solomon, “Puerto Rico’s Medicaid Program Needs an Ongoing Commitment of Federal Funds”, CBPP, 22 de abril de 2019, https://www.cbpp.org/research/health/puerto-ricos-medicaid-program-needs-an-ongoing-commitment-of-federal-funds.

[28] Leachman, op. cit.

[29] CBPP, “More States Are Using New Flexibility in SNAP to Respond to COVID-19 Challenges”, actualizado el 6 de mayo de 2020, https://www.cbpp.org/research/food-assistance/most-states-are-easing-snap-participation-rules-many-have-opted-to-provide.

[30] Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico, “Governor of Puerto Rico Urges Congress to include Puerto Rico in the P-EBT Program to Provide Children Nutritional Assistance Benefits During the COVID-19 Pandemic”, 5 de mayo de 2020, https://prfaa.pr.gov/2020/05/05/governor-of-puerto-rico-urges-congress-to-include-puerto-rico-in-the-p-ebt-program-to-provide-children-nutritional-assistance-benefits-during-the-covid-19-pandemic/. Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico, 27 de abril de 2020, https://oversightboard.pr.gov/documents/.

[31] La Ley de Familias Primero en Respuesta al Coronavirus les permitió a los estados participantes del SNAP emitir asignaciones por emergencia y creó un programa para reemplazar la pérdida del valor de las comidas escolares para los niños que reciben comidas gratis o a bajo costo. A Puerto Rico no lo cubre ninguna de estas disposiciones legales. Para una discusión sobre esas disposiciones legales en el SNAP, consulte Dottie Rosenbaum et al., “USDA, States Must Act Swiftly to Deliver Food Assistance Allowed by Families First Act”, CBPP, 7 de abril de 2020, https://www.cbpp.org/research/food-assistance/usda-states-must-act-swiftly-to-deliver-food-assistance-allowed-by-families.

[32] Dorothy Rosenbaum, “Latest Coronavirus Response Package Doesn’t Boost SNAP – the Next One Should”, CBPP, 27 de marzo de 2020, https://www.cbpp.org/blog/latest-coronavirus-response-package-doesnt-boost-snap-the-next-one-should; y Dottie Rosenbaum, Stacy Dean, y Zoë Neuberger, CBPP, 22 de abril de 2020, https://www.cbpp.org/research/food-assistance/the-case-for-boosting-snap-benefits-in-next-major-economic-response-package.

[33] Brynne Keith-Jennings y Elizabeth Wolkomir, “How Does Household Food Assistance in Puerto Rico Compare to the Rest of the United States?”, CBPP, 15 de enero de 2020, https://www.cbpp.org/research/food-assistance/how-does-household-food-assistance-in-puerto-rico-compare-to-the-rest-of.

[34] Myribel Santiago Torres et al., “2015: Seguridad Alimentaria en Puerto Rico”, Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, junio de 2019, https://estadisticas.pr/files/Publicaciones/Seguridad%20Alimentaria%20en%20Puerto%20Rico%20-%20Final%20%28300519%29.pdf.

[35] Chuck Marr, Yixuan Huang y Vincent Palacios, “House Ways and Means Committee Legislation Would Expand EITC and Child Tax Credit”, CBPP, 2 de marzo de 2020, https://www.cbpp.org/research/federal-tax/house-ways-and-means-committee-legislation-would-expand-eitc-and-child-tax.

[36] Javier Balmaceda, “Strong Working-Family Tax Credits Can Help Puerto Rico Bounce Back”, CBPP, 12 de febrero de 2020, https://www.cbpp.org/blog/stronger-working-family-tax-credits-can-help-puerto-rico-bounce-back.

[37] LaDonna Pavetti, “With Applications Soaring, TANF Needs More Funds, New Rules”, CBPP, 14 de abril de 2020, https://www.cbpp.org/blog/with-applications-soaring-tanf-needs-more-funds-new-rules.

[38] Chad Stone y Sharon Parrott, “Labor Market Conditions Should Determine Duration, Size of COVID-19 Relief Measures”, CBPP, 13 de abril de 2020, https://www.cbpp.org/research/economy/labor-market-conditions-should-determine-duration-size-of-covid-19-relief-measures.

[39] Dánica Coto, “US court upholds SSI for Puerto Ricans in key ruling”, Washington Post, 10 de abril de 2020, https://www.washingtonpost.com/world/the_americas/us-court-upholds-ssi-for-puerto-ricans-in-key-ruling/2020/04/10/9e303364-7b78-11ea-a311-adb1344719a9_story.html.

[40] Consulte “Puerto Rico: Information on How Statehood Would Potentially Affect Selected Federal Programs and Revenue Sources”, Oficina de Responsabilidad del Gobierno, marzo de 2014, https://www.gao.gov/assets/670/661334.pdf.

[41] José Caraballo-Cueto, “The impact of disparities in SNAP and SSI on Puerto Rico’s poverty and economic growth,” Econometrika, febrero de 2019, https://www.researchgate.net/publication/340610699_The_impact_of_disparities_in_SNAP_and_SSI_on_Puerto_Rico's_poverty_and_economic_growth.

Más de los autores