Puerto Rico necesita más ayuda alimentaria para responder más eficazmente al COVID-19

Ahora que millones de estadounidenses luchan para satisfacer las necesidades alimentarias básicas a raíz del COVID-19, los gobiernos estatales están implementado nuevas medidas para ayudar a las familias a través de programas de reemplazo de comidas escolares y del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), conocido anteriormente como “Programa para Cupones de Alimentos”. Sin embargo, Puerto Rico, que ya estaba en relativa desventaja cuando comenzó la pandemia, no puede aplicar las mismas medidas. A la Isla le hacen falta más fondos federales para proporcionarle a sus habitantes el mismo acceso a la asistencia alimentaria que recibe el resto de los Estados Unidos, y para enfrentar la creciente necesidad ocasionada por el COVID-19 y por la profunda recesión económica.

Reemplazo de comidas escolares: la “Ley Familias Primero en Respuesta al Coronavirus” (en inglés Families First Coronavirus Response Act) de marzo creó y financió varios mecanismos para proporcionar acceso a una alimentación básica; entre estos, se incluyó el programa Pandemic-Electronic Benefits Transfer (P-EBT, por sus siglas en inglés), que le permite a los estados que participan en el SNAP ofrecerles beneficios alimentarios a los niños en edad escolar que hayan perdido sus comidas gratuitas o de precio descontado debido al cierre de escuelas. Como bien señala su nombre, los beneficios del programa P-EBT se distribuyen electrónicamente a través de tarjetas EBT, mejor conocidas como Tarjetas de la Familia. Todos los estados, Guam y las Islas Vírgenes pueden presentar un plan para proporcionar, automáticamente, beneficios suplementarios a familias con niños que participan en el SNAP y que son elegibles para el P-EBT. También pueden emitirles una tarjeta EBT a aquellas familias con niños que no participan en el SNAP pero que son elegibles para el P-EBT, y así puedan obtener los beneficios del programa.

Por un error técnico que pasó inadvertido, la Ley Familias Primero en Respuesta al Coronavirus excluyó a Puerto Rico del P-EBT. Como resultado, cerca de 300,000 niños en escuelas públicas —que brindan alimentos gratis a todos los estudiantes como parte de los programas federales de comidas escolares— no pueden acceder al programa P-EBT que ya se ofrece en diversos estados para ayudar a diversas familias a cubrir esos costos alimentarios.

A los niños de Puerto Rico no se les debería negar un programa de reemplazo de comidas escolares. Al igual que todos los demás estados, el gobierno de Puerto Rico administra los programas federales de nutrición infantil y brinda asistencia alimentaria a través de tarjetas EBT. Los beneficios del P-EBT ayudarían en grande a todas esas familias puertorriqueñas que están atravesando por circunstancias difíciles debido a la crisis económica, y que ahora también cargan con el peso de costear aquellas comidas que sus hijos recibían en los comedores escolares. Hace poco, la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced, escribió una carta urgiéndole al Congreso que incluya a Puerto Rico en el programa P-EBT. El pedido de la gobernadora reitera el de muchos otros, incluidos el de la Junta de Administración y Supervisión Financiera para Puerto Rico y los de numerosas organizaciones benéficas y sin fines de lucro.

Asistencia nutricional. Puerto Rico también necesita fondos federales adicionales para cubrir la gran demanda de su limitado programa de asistencia alimentaria para hogares de escasos ingresos. Aún en tiempos normales, el Programa de Asistencia Nutricional (PAN) no satisface las necesidades alimentarias básicas de la Isla. Esto porque, a diferencia del SNAP —que tiene un presupuesto flexible que sube o baja para poder brindar beneficios basados sobre la necesidad estimada de quienes los soliciten—, el PAN se financia mediante una subvención en bloque (en inglés block grant). Dicha block grant es una cantidad fija de fondos federales que recibe Puerto Rico anualmente para brindarles beneficios alimentarios a las familias más pobres. La rigidez de este financiamiento implica que los beneficios del PAN se distribuyen en función del dinero que se haya asignado y no de la necesidad que tengan los participantes del programa. Desde el inicio de la pandemia del COVID-19, Puerto Rico ha recibido unos $295 millones en fondos de asistencia nutricional complementaria, pero necesitará mucho más para compensar las grandes pérdidas de empleo e ingresos que han sufrido sus residentes.

Los legisladores federales deben incluir a Puerto Rico en el programa P-EBT, y también deben proporcionarle más fondos al PAN, sobre todo a la luz de los estragos cada vez más grandes que va provocando la pandemia. De hecho, estos deben ser los pasos fundamentales para que Puerto Rico pueda contrarrestar los efectos de una profunda y prolongada recesión económica.