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Puerto Rico enfrenta una crisis médica y fiscal si no hay ajustes para Medicaid en invierno

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Actualizado: 21 de octubre de 2022

Incluso antes de que el huracán Fiona llegara a Puerto Rico, la isla ya presentaba una crisis inminente en la financiación de Medicaid con la expiración en diciembre de la legislación más reciente sobre las asignaciones presupuestarias federales. Sin medidas del Congreso, más de un millón de residentes de Puerto Rico que actualmente reciben atención médica a través de Medicaid podrían ver grandes recortes de elegibilidad y de beneficios, junto a los ya bajos pagos a los proveedores. Las medidas del Congreso son aún más importantes ahora, a medida que la isla intenta recuperarse de la devastación de los huracanes y los demás desastres naturales recientes; eso sin contar con que el huracán también podría generar un aumento en el número de personas que necesitan cobertura a través de Medicaid.

La Ley de las Asignaciones Consolidadas de 2022 (en inglés The 2022 Consolidated Appropriations Act) aumentó la porción que aporta el gobierno federal para los costos de Medicaid pagados en los territorios de los Estados Unidos, de un 55 por ciento establecido en el estatuto a un 76 por ciento para Puerto Rico y a un 83 para Guam, las Islas Vírgenes Estadounidenses, la Mancomunidad de las Islas Marianas del Norte y Samoa Americana, pero solo hasta el 13 de diciembre de 2022. La resolución de continuación de presupuesto que se aprobó recientemente aplazó esa fecha límite tres días, hasta el 16 de diciembre.

Si el Congreso no toma acción, estas tasas de pareo federal se revertirían al 55 por ciento, lo que implica que Puerto Rico tendría que pagar una porción mucho más grande en costos de Medicaid.

Mientras que la tasa de pareo federal que le corresponde a cada estado depende de sus ingresos per cápita y puede ser hasta un 83 por ciento, la tasa que le corresponde a los territorios tiene un límite arbitrario del 55 por ciento (excepto en los años recientes cuando el Congreso la ha subido de manera temporal) a pesar de que los ingresos per cápita están por debajo de los niveles de los estados más pobres. Esto quiere decir que los territorios tienen que pagar una porción mucho más alta por los costos de Medicaid de sus residentes en comparación con la porción que la mayoría de los estados tiene que pagar, pese a que estos tengan ingresos promedio más altos.

Pero ese no es el único desafío de financiación al que se enfrentan los programas de Medicaid en los territorios. A diferencia de los estados, que cuentan con financiación federal ilimitada, los territorios reciben una cantidad fija de financiación a través de una subvención en bloque limitada (en inglés capped block grant) o asignación limitada (en inglés capped allotment). En general, tal subvención en bloque se queda corta con respecto a la financiación que se necesita y está muy por debajo de lo que los territorios recibirían si tuvieran acceso a la misma estructura de financiación sin límite que está disponible para los estados.

Desde 2010, el Congreso les ha proporcionado a los territorios alivio temporero y limitado mediante financiación suplementaria y tasas más altas de pareo federal. No obstante, estos ajustes temporales generan precipicios de financiación y nunca han proporcionado a los territorios la financiación estable y adecuada que necesitan para mejorar sus programas y para proporcionar cobertura y beneficios iguales a los de los estados. La incertidumbre de esta financiación ha hecho que los territorios pongan en marcha sistemas de atención médica precarios, que siempre están al borde de severos recortes en cuanto a elegibilidad, beneficios y tasas de reembolso a los proveedores. Asimismo, la falta de una financiación abierta implica que sus programas de Medicaid no pueden atajar las necesidades que surgen durante recesiones, pandemias y desastres naturales, como huracanes. Los cambios permanentes para proporcionar asignaciones y tasas de pareo federal adecuadas proporcionarían certidumbre y estabilidad.

En el caso de Puerto Rico, el precipicio de financiación de Medicaid que se avecina no tiene precedente. La isla no solo se encuentra en peligro de ver que la tasa de pareo federal para Medicaid caiga a un 55 por ciento, sino que también podría ver una disminución desastrosa en las asignaciones que recibe si el Congreso revierte la interpretación de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (en inglés Centers for Medicare and Medicaid Services o CMS). Esa interpretación dicta que las asignaciones futuras de Medicaid para Puerto Rico se deben basar en la asignación de 2020. Revertir tal interpretación significaría que la subvención en bloque de Puerto Rico caería en picada, bajando desde casi $3 mil millones hasta casi $400 millones en 2023. Los miembros del partido republicano han hecho llamados repetida y explícitamente para que se derogue la interpretación de CMS. Para poder garantizar que los residentes de Puerto Rico tengan acceso a los servicios de Medicaid que necesitan, el Congreso deberá proporcionarle a Puerto Rico una financiación más alta de lo necesario en comparación con la financiación que le debería proporcionar si la interpretación de CMS sigue en vigor. (La determinación de CMS para las asignaciones de otros territorios no se cuestiona a pesar de que sus asignaciones también hayan sido inadecuadas.)

Una disminución de esta escala en la financiación de Medicaid, como ocurriría si se anula la interpretación de CMS y si no se agregan los recursos adecuados, representaría un shock enorme para el sistema de atención médica de Puerto Rico. Como la interpretación de CMS proporciona asignaciones permanentes y continuas muy por encima del nivel reglamentario, Puerto Rico no ha apartado financiación adicional para compensar las pérdidas posibles en la financiación federal de Medicaid. Además, esto propinaría un severo golpe al balance financiero de Puerto Rico, ya que la isla tendría que compensar cualquier déficit de financiación federal dedicada al sistema de atención médica. El último plan fiscal que certificó la Junta de Supervisión y Administración Financiera de Puerto Rico incluye las debidas contingencias en caso de que baje la tasa de pareo federal a la luz del vencimiento del paquete de asignaciones presupuestarias federales en diciembre, pero no incluye contingencias para una merma en asignaciones, tal como ocurriría si se revierte la interpretación de CMS.

Una pérdida repentina de financiación federal de esta magnitud obligaría a Puerto Rico, irremediablemente, a buscar maneras de evitar que el sistema de Medicaid colapse, haciendo que la isla, dentro de sus limitaciones, se vea obligada a quitarle financiación a otros sectores de vital importancia. Las repercusiones inmediatas probablemente llevarían a que haya recortes en la elegibilidad, los beneficios y los pagos a los proveedores de Medicaid; a que se eliminen las contribuciones del nuevo fideicomiso de pensión que se creó recientemente para los empleados del sector público, lo que pondría en riesgo el futuro de ese sistema; y a que se reduzca la financiación de otros sectores de vital importancia para la economía y la salud de Puerto Rico, como por ejemplo, las inversiones de capital a largo plazo y las reservas para necesidades de emergencia. Estos recortes serían devastadores para Puerto Rico, tan luego ahora que lidia con los daños a gran escala que dejó el huracán Fiona, sumado a un arduo proceso de bancarrota, muchos años de declive económico, desastres naturales y de la pandemia del COVID-19.

Incluso con cantidades mayores para Medicaid que proporciona la interpretación de CMS, Puerto Rico y los demás territorios todavía carecen de financiación estable y adecuada para poner en marcha un programa de Medicaid que esté a la par de los programas de los estados en términos de elegibilidad, beneficios y pagos a los proveedores. Por tanto, en diciembre, el Congreso debería dar los primeros pasos para incrementar las asignaciones de Puerto Rico y de los otros territorios a niveles que se alineen con sus necesidades, y también debería aumentar las tasas de pareo federal para que estén más equiparadas a las de los estados.

En definitiva, los ciudadanos estadounidenses y residentes de Puerto Rico y de los territorios deberían tener el mismo acceso al programa de Medicaid que tienen los estados. Crear paridad total de financiación — es decir, eliminar la estructura de subvenciones en bloque y proporcionar financiación federal abierta como la que reciben los estados — es lo que, en definitiva, se necesita para ayudarle a los territorios a proporcionar atención médica de alta calidad a sus residentes, a mejorar la cobertura durante recesiones económicas, a recuperarse de los desastres naturales y a desarrollar una mejor capacidad de respuesta ante otras emergencias.

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