Eliminar obstáculos estructurales puede mejorar el acceso de las personas latinas a la cobertura médica

La tasa de personas latinas sin seguro de salud es increíblemente alta según lo indica el análisis del CBPP de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense de 2019 (en inglés American Community Survey o ACS). Para ese año, el 38 por ciento de las personas sin seguro de salud menores de 65 años eran latinas, casi el doble de la proporción del 20 por ciento de latinos de la población no adulta mayor (entiéndase, la población entre las edades de 0 y 64 años). Además, entre 2018 y 2019, la tasa de personas no adultas mayores sin seguro de salud subió de un 17.9 por ciento a un 18.7 por ciento, representando el aumento más alto para cualquier grupo racial o étnico, y la erosión de lo que se logró anteriormente bajo la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (en inglés Affordable Care Act o ACA). La respuesta de los legisladores debería ser la expansión de la elegibilidad para Medicaid y para la cobertura en el mercado de seguros de salud de ACA. Además, el gobierno del presidente Biden debería maximizar el acceso a las oportunidades de cobertura existentes para las personas latinas.

Las altas tasas de personas latinas sin seguro de salud reflejan múltiples factores. Las personas latinas tienen menos posibilidades de tener seguro de salud por medio de su empleo que las personas no adultas mayores en general. Adicionalmente, también se enfrentan a obstáculos para inscribirse en Medicaid, al Programa de Seguro de Salud Infantil (en inglés Children’s Health Insurance Program o CHIP) y al mercado de seguros de salud de ACA. Las restricciones de elegibilidad estrictamente relacionadas con el estatus migratorio les impiden a algunas personas latinas inscribirse en estos programas; al mismo tiempo, otros no saben que estos existen o temen que la inscripción repercuta negativamente a sus familias. Aun así, otros pueden haber intentado inscribirse, pero se encontraron con trabas en el proceso.

El presidente y el Congreso pueden abordar estos y otros obstáculos estructurales al:

• Extender la cobertura de salud para personas en la “brecha de cobertura” de Medicaid. Esta brecha comprende a todas aquellas personas que no pueden acceder a Medicaid porque el estado donde viven ha rechazado las expansiones de Medicaid estipuladas en ACA, y que tampoco califican para ayudas financieras para costear los seguros de salud de ACA porque tienen ingreso bajo de la umbral de la pobreza. Las personas latinas conforman el 28 por ciento de los 2.2 millones de personas que componen esta brecha. (El 17 por ciento de la población no adulta mayor de estos estados es latina). Igualmente, en los estados sin la expansión, las tasas de cobertura de salud de los niños latinos son menores﷟ en comparación con las tasas de cobertura de niños no latinos y esta brecha está creciendo. Los estados sin las expansiones deberían adoptarlas y los legisladores federales deberían crear un plan b que le garantice la cobertura a las personas que se encuentran en esta brecha, tal como el que se propone en el proyecto legislativo Reconstruir Mejor (en inglés Build Back Better).
• Eliminar las restricciones de elegibilidad relacionadas con el estatus migratorio en Medicaid y en el CHIP. El 33 por ciento de las 60.5 millones de personas latinas en los Estados Unidos nacieron fuera de este país, incluidos quienes ahora son ciudadanos estadounidenses y otras personas que no lo son. Esto quiere decir que ponerle a la inscripción para un programa obstáculos basados en el estatus migratorio perjudica a bastantes personas latinas. Numerosos inmigrantes que residen legalmente en este país no pueden beneficiarse de Medicaid ni del CHIP dadas las restricciones de elegibilidad impuestas en 1996. Los individuos deben tener un estatus migratorio "cualificado" para cumplir con el requisito de elegibilidad de la ley. Muchas personas que residen legalmente en el país (como, por ejemplo, aquellos bajo el estatus de protección temporal) no están dentro de la definición de "cualificado" y muchas otras personas con el estatus de "cualificado" (incluidos los residentes permanentes legales) están impedidos de participar en estos programas cinco años o más tras la obtención de su estatus. Los legisladores deberían eliminar tales restricciones y permitir que las personas legalmente presentes en este país se beneficien de Medicaid y del CHIP. Los legisladores también deberían procurar reformas de inmigración que le proporcionen un camino hacia la ciudadanía a las personas sin un estatus registrado.
• Ponerle fin a las exclusiones de elegibilidad para la cobertura médica a las personas a quienes se les otorgó alivio a través del Programa de Consideración Diferida para los Llegados en la Infancia (en inglés Deferred Action for Childhood Arrivals o DACA). Las personas a quienes el gobierno federal les haya otorgado acción diferida están legalmente presentes en el país y son elegibles para adquirir seguro de salud en el mercado de seguros de salud de ACA excepto si el estatus de acción diferida se otorgó en virtud del Programa de DACA. Lo mismo puede decirse de la cobertura para Medicaid y para el CHIP en los estados que han optado por proveer cobertura a personas en estado de embarazo y a niños que residen legalmente en estos. El gobierno de Biden debería eliminar tal disgregación y permitirles a quienes participan en DACA la posibilidad de cumplir con los requisitos para obtener cobertura médica.
• Reafirmar que inscribirse en un plan de cobertura médica no perjudicará la capacidad de una persona para pasar una evaluación de "carga pública" al momento de presentar una solicitud para obtener un estatus migratorio. Las normas de carga pública del gobierno de Trump y otras políticas migratorias hostiles relacionadas sembraron el miedo entre los inmigrantes y sus familias. En las familias de bajos ingresos con niños e inmigrantes, tres de cada diez adultos declararon que ellos o un miembro de su familia evitaron beneficios públicos no monetarios u otra ayuda en las necesidades básicas durante 2020 y a pesar de la tremenda adversidad debido a la pandemia de COVID-19 y a la crisis económica. Las normas de carga pública del gobierno de Trump ya no tienen vigencia, pero las personas siguen con miedo. Aunque el gobierno de Biden haya tomado medidas significativas para notificarle a los estados sobre este cambio, el gobierno también debería expedir nuevas normas tan pronto como sea posible para reducir la incertidumbre entre las familias, así como para los abogados de inmigración y otras personas a quienes se acude cuando hay preocupaciones relacionadas con el estatus migratorio.
• Ejecutar con solidez el alcance comunitario y la asistencia en la inscripción para restaurar la confianza entre los inmigrantes y sus familias. El gobierno de Trump no solo puso en marcha políticas de inmigración que devastaron la confianza en el estado entre los inmigrantes y sus familias, sino que también cortó de un tajo el alcance comunitario y la asistencia en la inscripción para los programas de cobertura médica al hacer que las personas tuvieran dificultades al inscribirse. El gobierno de Biden debería invertir enormemente en crear conciencia sobre los programas de cobertura médica (así como sobre los programas de seguridad económica como el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria o SNAP) a través de las herramientas de comunicación que han tenido éxito en llegar a la comunidad latina. El gobierno también debería buscar oportunidades para acoger y patrocinar grupos de confianza cimentados desde la comunidad para que ejecuten el alcance comunitario y la asistencia en la presentación de solicitudes de inscripción a la cobertura médica. Este alcance comunitario debe diseñarse a favor de las personas con conocimientos limitados del inglés. En los adultos que hablan español o que tienen conocimientos limitados del inglés, las cifras con respecto a la falta de seguro de salud son altas. Adicionalmente, el gobierno debería ejecutar el alcance comunitario y buscar cobertura mediática en varios idiomas para crear conciencia y cubrir las necesidades lingüísticas de los grupos que son elegibles pero que no se han inscrito.
• Mejorar los procesos de solicitud para evitar que las personas elegibles se desalienten al momento de registrarse. El decreto ejecutivo de febrero del gobierno de Biden le dio instrucciones a las agencias federales para que mejoraran los procesos de solicitud con el fin de asegurar un acceso equitativo a los programas de cobertura médica. El gobierno debería fomentar políticas que aseguren que las solicitudes, la correspondencia relacionada y las herramientas de acceso a la cobertura médica (incluido el sitio web del mercado de seguros de salud de ACA en https://www.cuidadodesalud.gov/es/) no tengan obstáculos. Muchas personas se desalientan al momento de realizar los procedimientos relacionados con la solicitud por motivos tales como el temor de proporcionar información que pueda ser usada después para perjudicar a sus familias. Algunas solicitudes piden información que no es necesaria y que puede desanimar a los solicitantes, como por ejemplo el número de Seguro Social de un cónyuge que no solicita beneficios. El gobierno de Biden debería continuar sus esfuerzos para abordar estos y otros obstáculos administrativos.

Además, el Congreso debería financiar Medicaid con igualdad en Puerto Rico y en otros territorios de los Estados Unidos. Como la financiación que reciben es deficiente, los territorios no pueden brindarles a las personas los mismos beneficios que se ofrecen en los estados y deben limitar la cobertura a un menor número de personas. Una solución permanente que proporcione una financiación estable y suficiente aumentaría el acceso de los residentes a la atención médica al permitirles contar con una cobertura que tenga los mismos beneficios y niveles de elegibilidad que tendrían en los estados.